Fuerte espaldarazo de Manzur a Gerónimo Vargas Aignasse: Promulgaron la Ley “Antimotochorros”

El texto fue publicado en el Boletín Oficial, por lo que ya pueden comenzar los controles.

A cuatro semanas de la aprobación por parte de la Legislatura, el Poder Ejecutivo (PE) promulgó y publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la “ley contra los motochorros”, a través de la cual se establecen estrictos operativos de control vial, con la participación de fuerzas de seguridad y de funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El gobernador Juan Manzur puso su firma esta mañana a la ley 9.257, que cuenta además con la rúbrica del ministro de Seguridad, Claudio Maley. De este modo, la normativa ya se encuentra vigente en todo el territorio provincial. Sin embargo, todavía restan algunas cuestiones operativas relativas a los procedimientos viales, como la adhesión por parte de los municipios y las comunas y la asignación de una Unidad Fiscal especializada en motoarrebatos dentro del MPF.

El tratamiento punto por punto del texto, aportado por el vicepresidente 1° de la Legislatura Gerónimo Vargas Aignasse, había generado resistencias internas en el oficialismo, que finalmente dio sus votos para su sanción en la sesión del 27 de mayo. Incluso luego de su aprobación hubo motociclistas que organizaron caravanas y protestas en las afueras de la Casa de Gobierno, con el objetivo de que el jefe del PE dispusiera el veto.

Sin embargo, Manzur ratificó el apoyo que le había dado a la iniciativa del ex diputado nacional y promulgó la ley tal cual había sido comunicada por la Cámara provincial.

“Si queremos tener seguridad, necesitamos orden y autoridad, y hoy las calles de Tucumán adolecen de ello. El 70% de las personas que circulan en moto lo hacen en infracción. Esta ley está pensada para proteger al que trabaja, lo único que pedimos a los usuarios es que regularicen su situación, que cumplan con la normativa”, afirmó Vargas Aignasse a LA GACETA, tras la publicación de la ley 9.257.

El manzurista consideró que los controles venían siendo “laxos”, pero afirmó que eso “ahora cambia, porque serán muy rigurosos”. “El trabajador debe tener la tranquilidad de que el acceso al pedido de excepción va a ser muy simple. Además, la participación del MPF y de las fuerzas federales nos dará el control cruzado, con lo cual se evitan excesos y hechos de corrupción. La orden que nos dio el gobernador es de ser inflexibles contra el delito”, indicó Vargas Aignasse.

¿Cuáles son las claves de la norma, que se denomina “Ley de Seguridad Pública con Participación de Fuerzas Federales para la Prevención de Motoarrabatos”?

– En el marco de la Emergencia en Seguridad Pública, se facúlta a la Policía de la Provincia a realizar “de manera aleatoria” los controles a motos “que considere convenientes, con autorización de los municipios o comunas”. Como la ley es de “orden público”, ya está en vigencia.

– El Poder Ejecutivo formalizará acuerdos con las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional) para que participen de los procedimientos.

– Se prohíbe en Tucumán “la circulación de motovehículos que transporten a dos personas adultas”. Están exceptuados de dicha restricción los acompañantes menores de 15 años, además de los traslados de padres/madres e hijas/hijos, sin límite de edad.

– Se podrá llevar acompañantes por razones “laborales o de extrema necesidad debidamente acreditadas ante la Policía de la Provincia”. La fuerza provincial entregará “un permiso provisorio” que identifique expresamente al conductor y al otro adulto. La vigencia será de hasta seis meses y se gestionará a través de internet.

– La normativa prevé una excepción general, que dará cierta flexibilidad a las fuerzas a cargo de los operativos. “En caso de extrema necesidad, fuerza mayor o caso fortuito, la acreditación se hará frente al control sumariamente y de manera verbal; el encargado del control decidirá sin más trámite dejando constancia sobre esa situación en un libro de actas habilitado a esos fines”, expresa el artículo 5°.

– El Ministerio de Seguridad podrá disponer “con carácter de excepción y en base a razones de seguridad pública”, la prohibición de la circulación de dos personas en una moto “en determinados días, horarios y áreas, con motivo de la realización de espectáculos o reuniones de cualquier tipo que impliquen la concurrencia masiva de público o la posibilidad de riesgo social”.

– Se prohíbe el estacionamiento en guarderías “de motovehículos que no tengan la correspondiente chapa identificatoria debidamente colocada”.

– La Policía de la Provincia o las fuerzas federales procederán a retener una moto cuando:

1. Transiten en áreas, días y horarios prohibidos.

2. Circulen con un acompañante sin las medidas previstas.

3. Cuando la moto:

a) no tenga la placa de dominio identificatoria; tenga la placa identificatoria colocada de forma tal que se impida o dificulte su visualización; o que esté adulterada; o no corresponda al rodado en cuestión;

b) cuando el conductor no tenga el carnet habilitante, o se encuentre bajo los efectos de sustancias alucinógenas o etílicas, o tenga pedido de detención y/o se encuentre con alguna prohibición judicial o administrativa para circular; cuando el conductor y/o el acompañante (no llevaren el casco reglamentario o no lo usaren debidamente; cuando el conductor no porte el comprobante de seguro en vigencia (son válidos en formato papel o digital);

c) cuando se circule “en sentido contrario al tránsito vehicular o por las aceras, veredas o sendas peatonales o a través de espacios verdes, plazas y jardines o cualquier otro espacio no habilitado para circular”.

– Las concesionarias y todos aquellos locales que comercialicen motos o motovehículos “deberán proceder a la instalación y puesta en funcionamiento de un dispositivo de rastreo GPS/GPRS en todas las unidades 0 km antes de su efectiva entrega, a costo del comprador”. Además, “tendrán la obligación de informar inmediatamente al Ministerio Público Fiscal” a fin de incorporar el rodado al centro de monitoreo que funciona en dicha unidad jurisdiccional. La reglamentación determinará los pasos a seguir en los casos de las motos que ya están circulando.

– Se crea el Comité de Diseño de Política Criminal, con participación de los tres poderes del Estado.

– Los municipios y comunas deben adherir a la ley en lo referente a “las obligaciones de control mediante el ofrecimiento de su guardia urbana y demás organismos de control existentes que consideren necesarios para su óptima ejecutividad”. Además, los municipios “deberán solicitar certificados de antecedentes policiales y reincidencia como requisito previo para otorgar licencias de conducir”.

– Lo recaudado por multas “tendrá como destino el reequipamiento policial, el fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza y un fondo estímulo para el personal policial actuante”. Cada unidad fija (UF) equivale al precio de venta al público de un litro de nafta especial o súper, por lo que se irá actualizando de manera automática (hoy cada UF rondaría los $60).

– En el caso de incumplimiento a la norma “serán pasibles los titulares de los motovehículos y/o sus conductores de una multa de doscientas cincuenta 250 unidades fijas ($15.000 de hoy) más la inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos por un período de un año”.

– En caso de ser reincidente, la multa será de 500 unidades fijas ($30.000) y la inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos será por un período de dos años.

– En caso de que el conductor se fugue o evada el control, la multa será de 500 UF para el titular dominial y/o conductor.

– Las guarderías o lugares de estacionamientos que no cumplan con la normativa serán pasibles de una multa de 600 unidades fijas ($36.000) y de la clausura provisoria de la misma por el lapso de dos días. La autoridad de aplicación serán los municipios y comunas.

– Hasta tanto se instrumenten los Juzgados Contravencionales, entenderá en estos casos “el Juez de Instrucción en lo Penal en grado de apelación y en última instancia de las resoluciones definitivas de carácter punitorio dictadas por la Autoridad de Aplicación”. Los recursos interpuestos por los infractores no tendrán efectos suspensivos.

Fuente: La Gaceta